Revista Cambio Social N° 4 – Editorial Jun 09 – ¿Qué viene después de las elecciones? Construir unidad en las estrategias de resistencia

Los candidatos y la danza de la fortuna

El segundo semestre del año promete ser movido. Tras las elecciones, los grupos de poder económico sellarán algún acuerdo con los administradores del régimen para intentar que la crisis económica los toque lo menos posible. Hasta hace muy poco tiempo, un año y medio aproximadamente, el modelo kirchnerista gozaba del beneplácito de casi todas las fracciones principales del capital; en particular, el sector agroexportador -con récords históricos de rentabilidad tras la devaluación asimétrica del 2002- y las empresas de minería, gas y petróleo. Los grupos trasnacionales que dominan esos mercados han sido enormemente favorecidos con las políticas implementadas desde el Estado.

Con el conflicto “del campo”, generado más por un error de cálculo que por decisión profunda de romper lanzas con este sector, el gobierno se quedó sin la alianza con los actores involucrados en la agroindustria, incluso hasta con algún senador oficialista. Y el conjunto del poder económico, formado también por las empresas de comunicación, se aprovechó de esa base social movilizada –y de las pocas expectativas del pueblo en cambios a su favor, con este gobierno- y construyó una legitimidad que le sirve ahora para exprimir hasta las últimas consecuencias al kirchnerismo.

Y en eso llegó la crisis Sin sustento popular, producto de la decisión política de no promover la organización social -sino por el contrario, fragmentar y debilitar al movimiento popular-, el gobierno se está viendo “”obligado” a recostar cada vez más en sectores retrógrados de la política nacional: los gobernadores, los punteros, la burocracia sindical, aliados a sectores “”dinámicos” de la economía: los ejecutivos de las automotrices, las mineras norteamericanas, las petroleras de todas las banderas. Por eso no extrañan las listas del gobierno nacional y popular, formado con todos estos personajes, en las provincias y el conurbano y en Capital y en todos lados. Como pedía desde hace dos años Mariano Grondona, en las editoriales de La Nación, la oposición por derecha finalmente logró unirse parcialmente y viene a profundizar el modelo, fortaleciendo los lazos con el imperialismo, agitando el tema de la inseguridad para acentuar la represión y dando más garantías para los negocios de unos pocos asentados en el hambre de millones. Como parte de este entramado, es natural que entre sus filas se encuentren responsables del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, que en 2002 vino a poner “”orden”, por pedido la Asociación de Bancos, la Sociedad Rural y los caudillos pejotistas de las provincias. Más allá de los discursos, estos sectores comparten en esencia que primero hay que subsidiar a los capitalistas porque así los beneficios después se derramarían sobre el pueblo. Recetas que ya conocemos de sobra cómo terminan: los ricos fugando divisas, los pobres pagando con aumentos de precios. En este contexto, y ante la crisis internacional que afecta directamente sectores como las automotrices y las metalúrgicas, la UIA se une a la Sociedad Rural y a los Bancos y empieza a presionar mucho más directamente. Y el gobierno responde con miles de millones en subsidios y promesas de que no va a pasar lo mismo que en Venezuela, mientras se discute el valor del dólar para otorgarle mayor competitividad (a ellos) y menores salarios (a nosotros). Desde el pueblo En los barrios populares crecen la pobreza y las necesidades, porque los ingresos no alcanzan para vivir dignamente de ninguna manera.

Siempre vivimos en crisis, si tenemos en cuenta los millones de familias sin vivienda, la gente que no tiene qué comer, la falta de servicios esenciales, además del desempleo, el monto del seguro social, los bajos salarios y las condiciones de trabajo, contratación y organización del que está empleado. Pero ahora se suma el tarifazo de los servicios y el valor de los alquileres. Y la inflación que mucha o poquita siempre le gana a los salarios. Con las condiciones de fragmentación social del pueblo, este recrudecimiento de la crisis agrava la marginación, y en muchos casos alimenta la violencia de pobres contra pobres como única perspectiva. Ante esto, la respuesta del gobierno y los que se proponen para el recambio es sostener políticas sociales insuficientes (¡150 pesos por familia!) y focalizadas en sus punteros amigos. Y para lo que sobre, más policía, como si no tuviera antecedentes en cuanto a delitos de todo tipo. El descontento popular está extendido y hoy es hegemonizado por los medios de comunicación masiva, principales espadas del control ideológico. Pero también existe una necesidad de salir a poner el cuerpo y decidir entre todos ante cada conflicto social. En cada territorio, cada lugar de trabajo o de estudio, resisten espacios de organización que intentan transformar la realidad de desarticulación social. En todos los lugares hay personas que proponen unirse desde abajo, oponerse a las políticas de miseria, desigualdad e injusticia y construir entre compañeros otra forma de relacionarnos. El desafío es superar la fragmentación y avanzar en organización para impedir las políticas neoliberales o neodesarrollistas, vengan con el discurso que vengan. Recuadro: Para que la crisis la paguen los de arriba No a los despidos, subsidios para el pueblo que siempre vive en crisis

Frente a la crisis internacional y sus repercusiones en un país agro-exportador y trasnacionalizado como la Argentina, se estableció una lectura común en la mayoría de los trabajadores y sus agrupaciones sociales y políticas: que la crisis la paguen los de arriba, los ricos, los empresarios, el capital o los capitalistas, es decir, que la crisis la paguen quienes la generaron, los que controlan los principales medios de producción; y no los trabajadores. Sin embargo, hasta ahora la estamos pagando nosotros: miles de trabajadores despedidos o suspendidos, decenas de pequeñas o medianas fábricas con sus laburantes en la calle, y si no, congelamiento de salarios y reducción de “”premio” (como es el caso de Techint que ganó 1.300 millones en 2008 pero “”no puede” pagar lo acordado a sus trabajadores). Los que tenían alguna changa, aunque sea hiper-precarizada, ya no tienen ni eso y la situación en los barrios populares vuelve a ser de desesperación. Por otra parte, la política de contención de despidos que lleva adelante el gobierno se basa en una serie de subsidios a las grandes empresas, que van desde créditos baratos a la producción hasta la subvención lisa y llana de parte de los “”costos laborales”.

Bajo el programa de Recuperación Productiva (REPRO), el Ministerio de Trabajo viene subvencionando parte de los salarios de más de 65.000 empleados, monto que va directamente a las grandes empresas. Además, el Estado ofrece a empresas como Peugeot-Citroen y General Motors crédito por 1.000 millones de pesos. Estas y otras políticas de asistencia implican que el Estado les garantiza a una parte de la sociedad -los más ricos- que no caiga su tasa de ganancia, a costa del conjunto del pueblo, que cubrirá esas erogaciones con más impuestos y/o menos políticas sociales. Es decir, con ajuste sobre la clase trabajadora. Por lo tanto, ninguna de las alternativas que proponen, despidos o subsidios a las empresas, hará que quienes definieron el modelo económico, paguen sus responsabilidades a costa de los enormes beneficios obtenidos en los últimos años. Por eso junto a las agrupaciones y compañeros de la Corriente Político- Sindical Rompiendo Cadenas y todos/as los que se sumen a esta iniciativa, impulsamos una serie de reclamos: una ley de prohibición de los despidos por dos años y que se reorienten los subsidios hacia los más necesitados: basta de subsidios al capital, asignación universal por hijo que garantice un ingreso por lo menos igual a la canasta básica de alimentos para todas las familias.”

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