NOS MOVILIZAMOS EN SALTA PARA GRITAR!
No a la persecución y criminalización de la protesta! repudimos el decreto 91/23.
El gobierno de Saenz promulgó un decreto por el cual se cercena la libertad de expresión y el derecho a la protesta, en medio de las masivas movilizaciones que se realizan en la provincia de Salta por la emergencia hídrica.
El decreto es inconstitucional y avasalla los derechos consagrados en las Constituciones Nacional, Provincial y Tratados Internacionales de DDHH. Elimina el legítimo derecho de protesta a todos los trabajadores y trabajadoras mediante la imposición de dicho decreto a través de las Fuerzas de seguridad del estado Provincial en manifestaciones públicas. Repudiamos el protocolo porque cercena el derecho a la manifestación y protesta social, afectando el derecho a reunión y libertad de expresión, atento a que el mismo no tiene por fin el resguardo del derecho de los manifestantes a expresar libremente sus reclamos, ni la protección de su integridad física, sino que tiende directamente al condicionamiento y cese de toda medida de protesta. Así, al supeditar toda negociación a la previa desarticulación de la movilización, sin considerar las particulares circunstancias de quienes se manifiestan y la gravedad de sus reclamos, se asume una postura de clara criminalización de la protesta social, dando por sentado que cualquier ocupación del espacio público o de las vías de circulación constituye delito.
Repudiamos el protocolo por cuanto prioriza de manera absoluta el derecho a la libre circulación de particulares y empresas por sobre el derecho fundamental de manifestarse.
Repudiamos el protocolo en tanto cercena el libre ejercicio de los trabajadores y trabajadoras de prensa, al dejar sujeto al criterio policial la determinación respecto de lo que constituye una obstaculización a los operativos policiales.
Exigimos la derogación del decreto 91/23 y su protocolo, que viola el respeto a la libertad de expresión, reunión y petición a las autoridades, y exigimos no se criminalice la protesta social ni se ejerza discriminación sobre los manifestantes de los pueblos originarios de la provincia y demás sectores vulnerados, profundizando un sistema desigual y represivo que viola derechos humanos fundamentales.
